La Motovía


Hay cosas bien buenas que ocurren de repente. Tenía tiempo que no pasaba por la calle de los hoteles, hace poco lo hice y me llevé una de las mejores sorpresas de mis últimos tiempos: ¡Habían construido una motovía!

No se quién lo hizo porque en un extraño acto de modestia preelectoral no colocaron suficientes carteles. Se que no fue Ledezma porque su falta de modestia molesta y porque además de vender autobuses con el logo de la metropolitana y despotricar del gobierno él no hace nada. Tenían que haber sido Jorge o Jacqueline.

¡Que maravilla!. Se me aguaron los ojos viendo aquello. Los motorizados circulaban tranquilos por su motovía, seguros, incluso pasaron algunos policías con el pecho henchido de orgullo por hacer uso de esta innovación vial.

Algunos motorizados aún circulaban entre los carros, viéndose obligados a zigzaguear por esa odiosa costumbre que tenemos algunos automovilistas de no desaparecer cuando suenan la agradable cornetica, pero que se le va a hacer, siempre hay resistencia al cambio.

Algunos peatones abusivos, porque la mayoría lo son, intentaban invadir por momentos la motovía, pero cornetazos, acelerones y mentadas de madre fueron efectivos instrumentos de defensa de sus derechos.

El colmo fue una abuela que junto a dos niños se atravesó en la motovía y obligó a un motorizado a hacer uso de un truco que le había enseñado su hermano mayor pero que hasta ahora nunca había necesitado: frenó. Se sorprendió del efecto de halar la palanquita y pisar el freno simultáneamente y suspiró aliviado, seguro que pisar a la vieja o los carajitos le hubiera provocado una caída, o peor, un raspón a su moto.

Luego de los improperios, porque la vieja a pesar de su imprudencia tuvo la osadía de gritarle alguna cosa, continuó su viaje preocupado. Su hermano le había dicho que frenar podía tener efectos secundarios, que a su pana Manuel cada vez que lo hizo se le puso más chiquito hasta que casi desapareció. ¡Qué va!, se dijo, nunca más freno. ¡Primero Muerto!

También lo puedes ver en: http://www.ciudadccs.info/?p=524175

Presidente Maduro: en la guerra económica que desató la burguesía venezolana nuestra artillería apunta para atrás

Caracas; 09 de septiembre de 2013

Ciudadano

Alejandro Fleming

Ministro del Poder Popular para el Comercio

Su despacho.-

Me dirijo a usted con la finalidad de presentarle formalmente mi renuncia al cargo de Director General del Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual, que he venido desempeñando desde el 10 de junio del año 2010, nombramiento publicado en la gaceta oficial N° 34.443 de esa misma fecha.

Esta decisión, que ha sido meditada profundamente por mí persona, y debatida con parte del equipo de trabajo que me ha acompañado a lo largo de estos tres años de gestión, obedece a motivos estrictamente políticos e ideológicos que a continuación expongo.

Nunca me he cansado de decirle a la gente que ha trabajado conmigo que detrás de cada solicitud, detrás de cada papel que llega a nuestras manos como servidores públicos, existe un cúmulo de razones y expectativas de las personas que la envían. La más ordinaria de las solicitudes realizadas, el trámite más rutinario, encierra por lo general un sueño, un anhelo, una esperanza de que con su entrega algo se logre. Si una enseñanza recibimos todos del Comandante fue valorar el drama humano garabateado en cada papelito que recibía, los cuales seguramente le recordaban las quijotescas propuestas que a él mismo le tocó garabatear desde la cárcel a cientos y miles de venezolanos y que motivaron a tantos a acompañarlo, de ahí nuestra confianza en su poder. Podemos no estar de acuerdo con lo planteado, puede incluso indignarnos o parecernos descabellado, pero siempre, siempre debemos leer con atención las motivaciones y las expectativas que mueven a las personas a decidirse a escribir y entregar su papelito. Esta comunicación pretende trascender al hecho administrativo-burocrático y constituir un elemento para la reflexión. En otras circunstancias y otros momentos he podido argüir “motivaciones personales”, tragándome las verdaderas razones en función de la coyuntura política. Pero la dura lección que nos ha dado la vida a todos los revolucionarios me ha enseñado que no podemos postergar lo estructural, que la crítica y la autocrítica tiene que ser la fuente primordial de la dinámica que permita el avance y la profundización de la revolución, que argumentar “motivaciones personales” más que un acto de prudencia constituiría un acto contrarrevolucionario cuando lo que se tiene que decir va mas allá de la malcriadez o el capricho.

Para mí es absolutamente inexplicable que mientras el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, camarada Nicolás Maduro, viene realizando una titánica labor para garantizar la gobernabilidad del país, haciendo frente a las formidables fuerzas internas y externas que día a día atentan contra la estabilidad del proceso revolucionario, mientras el conjunto del pueblo y su presidente buscan y generan nuevas dinámicas de interacción como lo es el gobierno de calle, usted camarada, a cinco meses de haber asumido el cargo de ministro, no ha convocado a una sola reunión de trabajo con el conjunto de los responsables de los organismos adscritos al Ministerio del Poder Popular para el Comercio para compartir lineamientos que permitan apuntalar la estrategia desarrollada por el Presidente Maduro. Algunos de estos responsables, militantes revolucionarios que hemos sido desde hace muchos años, hemos intentado hacerlo de manera más o menos aislada, más o menos eficaz, pero la buena voluntad individual no basta. Considerando que es en el área económica y comercial en la que se desarrollan buena parte de las estrategias de ataque de la burguesía, a través del acaparamiento, la escasez, la especulación y otras prácticas criminales que atentan contra la tranquilidad y el bienestar de nuestro pueblo, lo ideal, lo revolucionario, lo coherente sería que el Ministerio del Poder Popular para el Comercio, como un todo, se constituyera en una vanguardia articulada, creativa y audaz en la defensa del bienestar de nuestro pueblo y en el avance en la transición al socialismo bolivariano, cosa que lamentablemente no ha ocurrido. Frente a esta situación, le solicitamos una reunión a través de su Director de Despacho. Transcurrido el tiempo, y debido a nuestra insistencia, finalmente se produjo una reunión con el mencionado director y el Director de Recursos Humanos. En dicho encuentro compartimos con ellos buena parte de las preocupaciones que motivan esta comunicación y a pesar de haber transcurrido casi dos meses de haberse realizado, aún no ha habido respuesta alguna a los planteamientos expuestos en ella.

Entre otras muchas cosas que es necesario rescatar y potenciar del modelo de gestión pública revolucionaria impulsada por el Comandante, está su insistencia en la divulgación y colectivización de los objetivos fundamentales del gobierno y las estrategias a desarrollar para alcanzarlos. Domingo a domingo, y si era necesario a lo largo de la semana, el Comandante nos sentaba a todos y a todas y nos revelaba de manera diáfana y demostrando su profunda comprensión del método robinsoniano, cada uno de los aspectos y estrategias para resolver determinadas problemáticas. Más de una vez nos sorprendimos discutiendo con la pantalla del televisor, para luego sonreír cuando conciliaba con nuestra posición o terminábamos comprendiendo cabalmente su posición. Ocasionalmente pasábamos una semana enfurruñados discutiendo con amigos y camaradas determinada afirmación del Comandante, para al domingo siguiente escuchar su rectificación o terminar dándole la razón. Tal afán comunicacional no era casual, ni lo es que el camarada Nicolás Maduro mantenga este esfuerzo. Está claro que tras esa labor se encuentra la convicción de que sin el compromiso colectivo con los objetivos y estrategias de la revolución, todo sería imposible. Tal es la fuente de nuestra preocupación por el vacío de reflexión y articulación colectiva que hemos podido evidenciar en estos meses, en este ministerio.

Queremos compartir en esta comunicación algunas de las propuestas que nos hubiera gustado poder plantearle personalmente. En el Ministerio del Poder Popular para el Comercio existen organismos clave para el desmontaje de la estrategia criminal que vienen desarrollando los enemigos del país, nos referimos a INDEPABIS, SUNDECOP, SUVINCA y COMERSSO, en tanto, otro grupo de organismos tienen funciones de rectoría en materia comercial cuyo impacto no es inmediato y que en muchos casos la legislación aplicable les impiden tener un rol más protagónico al respecto: SAPI, PROCOMPETENCIA, ALMACENADORA CARACAS, SENCAMER, SIEX Y CASS. Lo cierto es que el INDEPABIS, sobre el cual descansa la responsabilidad de evitar las prácticas especulativas, acaparadoras, de remarcaje y en general la protección de los usuarios y usuarias en el acceso a los bienes y servicios, es un organismo con enormes debilidades. Lo conocí por dentro en una breve pasantía que allí tuve como integrante de su Junta Directiva, y la verdad es que con un poco más de 200 fiscales para cubrir todo el país, sin el equipamiento necesario (flota de vehículos escasa y en mal estado) y un presupuesto crónicamente deficitario, difícilmente este organismo puede cumplir con las expectativas que todo el pueblo venezolano deposita en él. Esto sin hablar de la idoneidad del personal a cargo de esta delicada labor, pues si bien hay funcionarios respetables en este organismo, ha quedado demostrado que también hay de lo otro. La salida mediata a los problemas presupuestarios y financieros del INDEPABIS es, a nuestro modo de ver, sencilla. Una reforma a la Ley respectiva permitiría que parte -o la totalidad- de los recursos que se recauden por concepto de las sanciones que el INDEPABIS aplique sean destinados al financiamiento de sus operaciones. ¿Sabía usted que actualmente todo lo recaudado por este concepto va al SAFONACC? ¿Y que no existe ningún sistema de información que cruce las sanciones impuestas contra los pagos realmente efectuados por los comerciantes sancionados?, esta situación ha permitido a muchos no solo evadir el cumplimiento de estas obligaciones, sino incluso burlarse del personal de INDEPABIS cuando aplica alguno de estos castigos, este sería otro elemento a contemplar en una reforma de esta Ley. En lo inmediato una forma de remediar este problema es apoyar al INDEPABIS con los modestos recursos disponibles en los otros organismos adscritos a este ministerio. El Estado es un todo que debe actuar con coherencia, estoy seguro que la SIEX, el SAPI, PROCOMPETENCIA y otros organismos adscritos al MINCOMERCIO pueden bajar al mínimo indispensable sus operaciones y poner a disposición del INDEPABIS cuadros administrativos, equipos, vehículos y otros recursos necesarios para confrontar las amenazas que se ciernen sobre la revolución, afectando en muy poco al colectivo con tal decisión y beneficiándolo de manera sustancial. De esta manera se pudiera aumentar significativamente la capacidad operativa de este instituto de manera inmediata, por lo menos en Caracas, formando y acreditando como fiscales a los funcionarios que pudiéramos aportar y garantizando desde los otros organismos adscritos la operatividad de estas unidades auxiliares. Por nuestra parte en el SAPI teníamos identificados y a disposición 20 de nuestros mejores cuadros tecno-políticos (porque esta tarea exige a las y los mejores) y una oficina en el centro de la ciudad con los equipos necesarios que bien pudiera ser la base de operación del INDEPABIS para garantizar su presencia permanente en puntos tan importantes como los mercados de Quinta Crespo y San Martín, 23 de Enero y Catia, por ejemplo. Sin embargo esta propuesta no es sostenible en el largo plazo, pues estos funcionarios y funcionarias, así como los recursos requeridos son necesarios en sus organismos de adscripción, en todo caso se trataría de un plan de choque con una duración máxima de un año.

Resolver estructuralmente el problema requiere, a nuestra manera de ver, el concurso permanente y coherente del Poder Comunal. Formar, transferir autoridad y poder a los Consejos Comunales y Comunas, permitiría pasar de 200 y tantos fiscales actuales a decenas de miles en un plazo relativamente breve, permitiría ampliar exponencialmente la cobertura geográfica de la acción del Estado en esta materia, y potenciaría de manera significativa la construcción del Poder Comunal, tal como lo planteara el Comandante en aquel famoso Consejo de Ministros que se ha dado en llamar “El Golpe de Timón”. Efectivamente, que en cada espacio comunal exista un Fiscal Popular, formado y acreditado por el INDEPABIS, cuyas actuaciones sean supervisadas por este ente y por el Consejo Comunal respectivo, permitiría un real control social sobre las desviaciones de la actividad comercial que la burguesía está utilizando como estrategia de confrontación a este nivel. Pero entiéndase bien la propuesta, se trata de transferencia real de poder, de capacidad y potestad para aplicar sanciones del tipo que sea, de acuerdo a directrices claras y específicas y bajo la supervisión del Estado (INDEPABIS) y del Poder Comunal, no es el esquema de los amigos del INDEPABIS, o los simpatizantes de nada. Desconcentración, Corresponsabilidad y Poder Comunal, pues. Esto permitiría, igualmente, que el INDEPABIS se avocara a combatir la estrategia de los enemigos de la patria en su raíz. No basta con controlar las prácticas especulativas o usureras al nivel del pequeño comerciante o expendedor, el problema está más arriba, no es el carnicero de la esquina de mi casa el objetivo inteligente de una acción en este sentido, hay que conocer y atacar la cadena desde el matadero hasta el carnicero, pasando por el distribuidor, incluso hay que conocer y cortar de raíz las prácticas que apuntalen estas desviaciones en las cadenas de importación de alimentos y en la producción primaria nacional.

Ver al Estado como un todo articulado, en sí mismo, y en relación con el Poder Comunal, es otro de los elementos fundamentales del modelo de gestión pública revolucionaria que nos legara el Comandante. Este principio no aplica únicamente a la actividad del INDEPABIS, también es aplicable a SUVINCA . Esta empresa nace en el marco de un esfuerzo de la revolución por asumir la gobernabilidad en el área de la importación y el comercio de bienes de capital. Posteriormente el gobierno nacional decide participar en la importación de todo tipo de bienes de consumo a través de esta empresa y crea COMERSSO para la distribución directa de estos productos. Inicialmente estas empresas se dieron a la tarea de instalar una red permanente de distribución, articulada con el Poder Comunal a través de la creación de Biceabastos y Comerssitos, esta estrategia que nos pareció acertada por los niveles de fortalecimiento del Poder Comunal que implicaba, los empleos y la dinamización de las economías locales y comunales que generaba, pero sobre todo por su carácter de sistema permanente de distribución de bienes en control del pueblo fue abandonada inexplicablemente. Su sustitución por operativos más o menos eficientes de distribución de los productos importados por SUVINCA y distribuidos por COMERSSO fue, a nuestra manera de ver, una pérdida importante, porque la organización de la demanda de estos bienes a nivel de los Consejos Comunales hubiese minimizado la demanda “fantasma” (reventa) de los equipos de línea blanca y otros artículos distribuidos, así como hubiese permitido una mejor organización de la procura y la planificación de la distribución de bienes, y, especialmente, porque garantizaba el acceso a estos bienes de manera cómoda para la población. Así las cosas, camarada, le planteamos, primero, que se estudie la posibilidad de retomar el proyecto de estos centros comunales de organización de la demanda y distribución de bienes, redimensionándolo o transformándolo (de considerarse necesario), y además, que en paralelo, o en caso de que se le considere inviable (por razones logísticas o de costos) se creen redes populares alternativas de distribución de bienes.

En Venezuela y el mundo, desde hace muchos años existe la venta por catálogo, todos y todas alguna vez hemos usado un perfume, un cosmético, un envase o una cobija distribuidos a través de esta antigua modalidad. ¿Por qué SUVVINCA-COMERSSO no pudieran distribuir algunos de los productos que manejan a través de esta vía? Es más, atendiendo al principio de articulación que mencionamos anteriormente, la fuerza popular de distribución para estos productos pudiera estar constituida principal, o exclusivamente, por participantes de la Misión Madres del Barrio o alguna otra, lográndose no solamente el objetivo de mejorar el acceso de las personas a los bienes y la efectiva distribución de estos entre la población en condiciones adecuadas de precio, calidad y oportunidad, sino también mejorando los ingresos de las personas que participen en la red con una actividad que no requiere dedicación exclusiva, impactando así positivamente en su calidad de vida y garantizando alcanzar los más remotos lugares de la geografía nacional.

Con respecto a la iniciativa adelantada por el ministerio con la asignación de citas automatizadas a través de su página WEB para la adquisición de los productos de Mi Casa Bien Equipada, que bien pudiera entenderse como un intento para organizar la demanda, no puedo dejar de comentarle que en días recientes una trabajadora del SAPI, militante del PSUV, integrante de la Comuna Aguerrido Tamanaco de Petare, y uno de los cuadros con que siempre contamos en esta institución, se me acercó alterada con un papel en la mano, en el que le habían otorgado la cita para adquirir una nevera que le hace falta. Con los ojos aguados me pidió que viera la fecha de la cita, en ese momento comprendí su estado, en el papelito se leía: 12/08/2015. No contento con eso y en previsión de algún error de su parte solicité mi propia cita el 19/08/2013 y el sistema me la otorgó para el 10/12/2016 (la cita está en el sistema bajo el número ff51fb7a9bcb22c59561b4fa368880a, que está debajo del código de barras). El objeto de esta mención no es solamente hacerle ver lo absurdo de la asignación de estas citas para dentro de tres años, sino que el sistema en ningún momento requiere del usuario cuál es el producto que desea adquirir, por lo que suponemos que si alguien esperara los tres años y asistiera a las instalaciones de COMERSSO no tendría garantizada la existencia del bien que necesita. Le sugerimos que al menos ordene revisar los criterios para la asignación de las citas y que se incorpore la información del bien que se demanda para que se pueda planificar la oferta y se garantice su existencia para cuando el usuario acuda a las instalaciones de COMERSSO.

Con relación a los asuntos específicamente relativos al Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual, no podemos dejar de mencionar algunos. Como sabrá ministro, el SAPI incluye dos áreas sustantivas: Propiedad Industrial (que abarca marcas y patentes) y Derecho de Autor. Esta última dirección se encarga entre otras cosas del registro de diversos tipos de creaciones: música, obras de teatro, películas, fotografías, escultura, hasta software. Lo cierto es que desde el 22 de mayo, fecha en que su titular presentó su renuncia para seguir apuntalando la revolución desde otros espacios, dicha dirección se encuentra vacante. Cuando asumimos la Dirección General del SAPI, hace tres años, el tiempo promedio de duración de estos trámites era de dos meses, posteriormente, mediante la simplificación y agilización de los mismos logramos reducir estos lapsos a solo tres días hábiles, sin embargo en este momento y dada la situación planteada, tenemos un atraso de tres meses en algunos casos. En comunicaciones emanadas del SAPI los días 23 de mayo, 20 de junio y 31 de julio le presentamos una propuesta que consideramos idónea para la sustitución de este funcionario, sin embargo no hemos obtenido respuesta alguna. Incluso en la última de estas comunicaciones le hicimos un resumen de la situación para ese momento: 258 casos que requerían la firma de este funcionario, de los cuales 55 eran registros aprobados y ya cancelados por los creadores y creadoras, así como 154 solicitudes susceptibles de aprobación. Es necesario mencionar que en muchos casos el registro en la Dirección Nacional de Derecho de Autor es requisito indispensable para acceder al financiamiento que otorgan diversos organismos del Estado para la realización de películas y otras creaciones, como parte de las políticas de la revolución en materia cultural.

Igual silencio ha imperado en el caso de propuestas de carácter estratégico que le hemos remitido. El 14 de mayo fue recibido en su despacho el punto de cuenta en el que se proponía la aprobación del convenio de cooperación SAPI-INTEVEP (Instituto de Tecnología Venezolana para el Petróleo, S.A.) que permitiría profundizar la colaboración entre estos dos entes del Estado Venezolano, facilitando al SAPI el acceso a un conjunto de bases de datos de patentes que maneja INTEVEP y que por sus altos costos no podemos acceder a ellas directamente y, por otro lado, poniendo al servicio de INTEVEP las capacidades desarrolladas por el SAPI en el análisis de la información contenida en los documentos de patentes. Este convenio altamente satisfactorio para ambas instituciones y para el Estado como un todo aún espera por su decisión.

Por otra parte, tengo la satisfacción de informarle que el proyecto de creación de taquillas integrales de atención al usuario del SAPI está a punto para su puesta en marcha, fueron creados los programas necesarios, los manuales de operación para el personal están listos, así como el entrenamiento de los servidores públicos que se harán cargo de su operación. Igualmente, los aspectos referidos a la infraestructura física están completamente cubiertos. Mediante este proyecto podemos reducir en al menos seis meses el trámite para la obtención de marcas y otros signos distintivos, permitiendo que el solicitante una vez concretado el requerimiento, se retire el mismo día con la negativa por examen de forma (ocasionado porque no presentó todos los documentos requeridos o estos presentan inconsistencias) o con la orden de publicación en prensa. Estas dos posibles respuestas de la administración se generaban usualmente seis meses (o más) después de presentada la solicitud. Consideramos que con esta iniciativa estamos contribuyendo al cumplimiento de la sexta línea de trabajo del Presidente Nicolás Maduro: “Consolidar la operación Eficiencia o Nada y la lucha contra la corrupción”.

Igualmente se implementó en el SAPI un mecanismo para facilitar y hacer seguimiento especial a las solicitudes de registro de marcas efectuadas por entes del Estado. Es impresionante la cantidad de marcas que utilizan las empresas estatales y que no se encuentran registradas en el SAPI, tal es el caso, por ejemplo, de la marca “hecho en socialismo”. Las medidas ya tomadas en este sentido son: 1) Providencia N° 1 de la Dirección General del SAPI, publicada el 26/10/2010 (Boletín 517) en la que se exoneran las tramitaciones ante el SAPI a las personas jurídicas de Derecho Público, empresas en las que la República posea más del 50% del capital, cooperativas, y en general, entidades de propiedad social directa e indirecta, con vigencia a partir del 01/09/2010; 2) Se creó una unidad destinada exclusivamente a la atención y seguimiento de estas solicitudes; y, 3) Se desarrolló a lo largo de estos tres años un plan de divulgación y capacitación destinado a servidores públicos con la finalidad de dar a conocer los elementos sustanciales en esta materia e incentivar el registro de las marcas o lemas de este tipo de empresas. Sin embargo, tal como le planteáramos en el punto de información recibido en su despacho el 28 de junio de 2013, del cual no hemos obtenido respuesta alguna, el derecho marcario tiene carácter territorial. El que una marca se encuentre registrada en Venezuela no tiene ningún efecto en otro país, por lo que es importante que aquellas empresas del Estado que pretendan exportar productos u operar servicios fuera de Venezuela, por ejemplo en el Mercosur, deberán efectuar el registro de sus marcas en los países destino de tales actividades, por lo que sería muy útil la conformación de un observatorio o sistema de seguimiento de tal situación, pues no solo se trata de registrar las marcas en los países en que se desee, sino que esas marcas hay que vigilarlas y defenderlas contra usos indebidos por parte de terceros, por lo que la actividad formativa en materia de derecho marcario debería extenderse y profundizarse.

Quizás la información más importante que queremos hacerle llegar a través de esta comunicación es que se encuentran en proceso de registro la primera marca colectiva comunal “Productor@s Comunales” y su lema “Manos del Pueblo, Manos Venezolanas”. Estas marcas, cuyos titulares son un conjunto de unidades productivas comunales de la ciudad de Caracas, dedicadas a la actividad de confección y organizadas bajo el auspicio del Gobierno de Distrito Capital, serían las primeras de su tipo en ser otorgadas en Venezuela. Fue un proceso de investigación, formación y discusión arduo, por una parte la ley vigente de la Propiedad Intelectual no incluye este tipo de marcas, sin embargo, bajo la figura de la cotitularidad y echando mano de algunos convenios internacionales suscritos por la República, se pudo garantizar la viabilidad legal de la figura, pero la tarea más importante que implicó este proceso fue la conformación del reglamento de uso de la marca, el cual se haya constituido por un conjunto de normas, condiciones y mecanismos que garantizan que los productos identificados con estos signos han sido producidos con un bajo impacto ambiental, con uso preferencial de tecnologías libres, con trabajo liberado y liberador y que los márgenes de utilidad que produzcan servirán para mejorar los niveles de vida de las comunidades en las que se desarrolla la actividad productiva. Este hecho constituye una iniciativa, quizás para algunos tímida, pero en todo caso significativa, para lograr que estos instrumentos (las marcas en general), creados para facilitar el acceso de las personas a los bienes y servicios de su preferencia y posteriormente transformados en elementos alienantes en tanto han dejado de marcar a los productos para marcar a las personas, denotando modos de vida determinados, o falsas pertenencias, comiencen a ser utilizados para transmitir verdaderos valores cónsonos con nuestra idiosincrasia y no los antivalores capitalistas en los que una vida es susceptible de ser tomada por la marca de unos zapatos.

Por el contrario, nos deja un mal sabor en la boca el no haber podido avanzar mas sustancialmente en la transformación del marco jurídico en la materia, esto constituye una autocrítica y un compromiso a futuro. Por una parte, es necesario liberar a nuestros creadores y creadoras culturales de una Ley de Derecho de Autor que de manera cónsona con el momento histórico en que fue aprobada, expresa de manera clara y directa el yugo del capital sobre el valor del trabajo humano. En 1993, apenas a un año y medio de la rebelión del 4 de febrero, fue aprobada esta ley. Bajo el espejismo de que la continuidad del neoliberalismo estaba garantizada en Venezuela, y tomando los dictados de las grandes transnacionales de la industria cultural, fue sancionada esta norma que entre otras lindezas establece que “salvo pacto expreso en contrario” los derechos económicos derivados del trabajo creador de nuestros artistas y cultores, pertenece al capital, crudo y duro, casi literal, esto ha permitido que muchos cultores, intérpretes y artistas en general, cuyas obras son explotadas cotidianamente durante muchos años, terminen sus días en la más completa indigencia, pues en el momento de su contratación no tuvieron la información, la asesoría suficiente o el poder de negociación para establecer “el pacto en contrario” . Esto nos llevó a proponer en el reciente proceso de consulta pública de la Ley Orgánica de Cultura, que en esta se estableciera un límite legal en el que al menos el 10% de los derechos patrimoniales que generan las creaciones tuvieran el mismo carácter inalienable e intransferible que tienen los derechos morales de los creadores (derecho a que se reconozca su autoría, entre otros) para así garantizar medios de vida dignos para estos. Incluso esta Ley de Derecho de Autor permite una suerte de esclavitud intelectual en su artículo 52 en el que establece: “Es válida la cesión de los derechos de explotación del autor sobre sus obras futuras si se las determina particularmente o por su género; pero la cesión sólo surte efecto por un término máximo de cinco años contados a partir de la fecha del contrato, aun cuando en éste se haya fijado un plazo mayor.” Por lo menos pone un límite de cinco años al contrato de esclavitud creativa.

Con la Ley de Propiedad Industrial, ocurre lo contrario. La salida de Venezuela de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) implicó una vuelta a la vieja Ley de Propiedad Industrial de 1956, en la que (¡oh sorpresa!) los medicamentos y los alimentos para humanos y animales no son patentables. Las oligarquías en su engreimiento no se percataron de que existía la posibilidad de que saliéramos de la CAN y nunca derogaron la ley de 1956. ¿Y es que Pérez Jiménez era un adelantado de los movimientos antiglobalización? No, simplemente que en aquellos tiempos el capitalismo, debido a las confrontaciones concretas que se desarrollaban en el mundo, no podían sacar completamente las garras en la expoliación de los pueblos. Esos fueron los años en que se creó el Seguro Social Obligatorio (1944), y se fortaleció el sistema público de salud. En general, no estaban dadas las condiciones nacionales, internacionales e ideológicas para que el patentamiento de medicamentos y la privatización de la salud fueran posibles, además el capital aún podía satisfacer su voracidad en otras áreas y para el conjunto de la sociedad venezolana de entonces era impensable que la salud se convirtiera en una mercancía más, en la escala en que se encontraba para 1998, año del triunfo de la revolución. Sin embargo, la vieja ley adolece de vacíos importantes y los tratados internacionales suscritos por la República (incluyendo Mercosur) obligan a una reforma legal importante, por lo que la elaboración de una nueva Ley de Propiedad Industrial que preserve al máximo los intereses del colectivo por encima de los intereses de la burguesía transnacional, que paralelamente ponga a disposición de la economía socialista herramientas e instrumentos que faciliten el crecimiento de los emprendimientos originados en los espacios del poder comunal y que permita proteger eficazmente los desarrollos tecnológicos que desde el Estado se vienen estimulando, constituye una tarea pendiente que implica la comprensión del problema y el compromiso en los más altos niveles de la dirección de la revolución y en la que comprometemos desde ya nuestros modestos esfuerzos.

Como podrá apreciar de esta comunicación, camarada Ministro, no son motivos personales o razones burocráticas las que motivan nuestra renuncia, esta obedece a la profunda convicción de que es necesario el debate para el avance de la revolución y de que un alerta a tiempo tiene mil veces más sentido que un lamento posterior, por ello consideramos pertinente hacer pública esta misiva, pues no se trata de un debate interpersonal, se trata de un proceso en el que muchos lo hemos apostado todo, y nada, ni la razón burocrática, ni la prudencia mal entendida, puede ser un obstáculo para decir lo que sentimos y lo que pensamos cuando creemos que lo estamos haciendo en función del fortalecimiento de la revolución y de la patria. Esta también es otra de las enseñanzas que nos legara el Comandante.

Para finalizar, quisiera citar un poema del Chino Valera Mora, que hemos utilizado para cerrar casi todas las charlas que sobre propiedad intelectual hemos dictado durante estos tres años, y que a nuestro modo de ver las cosas retrata de manera profunda la realidad del reto que tenemos por delante:

“Sólo con disparates ideológicos

se hacen revoluciones triunfantes

si así no fuera ahora mismo

pastaríamos sobre estos bellos prados

comiendo hierba y espantando moscas”

Sin más a que hacer referencia, me despido.

José Julián Villalba Guerra

CI: V-6.967.965